El PSOE pregunta en el Congreso por las medidas para el cierre del vertedero

El día 8 de abril, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, una sesión de la Comisión de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente. Entre los puntos del orden del día, hubo una Proposición no de ley, referente al Vertedero de Abanilla, ubicado entre nuestro término municipal y el de La Murada. Realiza la exposición el diputado del PSOE por Alicante don Herick M. Campos Arteseros y responde doña Macarena Montesinos de Miguel, diputada del PP por Alicante. Copiamos el texto directamente del archivo del acta de la sesión donde se encuentra recogido.

— SOBRE MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA EL CIERRE DEL VERTEDERO SITUADO ENTRE ABANILLA Y ORIHUELA, Y PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002293).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante, para el cierre del vertedero situado en Abanilla y Orihuela y para la reparación de daños medioambientales. Para su defensa tiene la palabra el portavoz del grupo autor de la iniciativa, el Grupo Socialista, señor Campos.

El señor CAMPOS ARTESEROS: Me remito plenamente a la exposición de motivos que era amplia porque el tema es amplio y es muy dañino para los ciudadanos. Quisimos recoger las propuestas y las reivindicaciones que han venido realizando los ciudadanos de la comarca de la Vega Baja. Hay que reconocer a ellos en un primer término su movilización, su participación y su denuncia de hechos que ahora describiremos. El vertedero de Orihuela y Abanilla y la gestión en general de residuos en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante es un ejemplo de mala gestión por parte de la Generalitat Valenciana y también de dejadez por parte del Gobierno de España. El plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana es papel mojado. Ya en sí se podrían enumerar muchas carencias que ese plan, pero si encima ese plan no se cumple evidentemente es papel mojado. El Gobierno no se implica. Alguien puede decir que es que no tiene competencias, pero sí tiene competencias en saber qué está pasando. Eso sí lo dice la Unión Europea y esas competencias se las atribuye al Gobierno de España. Pero el Gobierno de España no pide los planes, no ve si se están ejecutando, si realmente se está siendo eficiente en el uso y aplicación de esos planes. Ha tenido que venir la Unión Europea a decir que cierren todos los vertederos ilegales, especialmente el de Orihuela y Abanilla. Por cierto, la Unión Europea tuvo que pedir varias veces la información al Gobierno de España porque no se la quería dar. No quería cumplir el artículo 33.1 de la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea. Por tanto, ha venido Europa a decir nuevamente lo que está pasando de verdad. Pero allí hemos estado muchos. Ha estado Perelló, ha estado Ábalos, han estado responsables del PSPV como el señor Signes, como el propio secretario general, Ximo Puig; yo mismo he estado allí.

Señores de la Comisión, estos lixiviados que se ven aquí no son de risa; no son nada de risa. (Muestra una fotografía). Esto está en mitad incluso de zonas donde en teoría no debería haber nada. Y esto no es magia; esto es lo que está pasando allí, donde puedes ir por algunas zonas de alrededor y de repente hay emisiones de gases que están debajo de actuales plantaciones hortofrutícolas. En teoría ahí no debería haber nada debajo, pero ahí está. No he podido traer la foto, pero pueden ustedes encontrar algunas en las que se ven hasta jeringuillas y materiales que hacen decir: ¡pero esto cómo está aquí! Tú vas a África y a lo mejor no ves en algunos países tan mala gestión como la que ves en la Comunidad Valenciana con el consentimiento del Gobierno, y el Partido Socialista quiere dejar clara su posición, como la ha plasmado también en la provincia de Alicante. No puede ser que nuevamente los ciudadanos paguen con un aumento de tasas la mala gestión del Gobierno de la Generalitat ni la dejadez del Gobierno de España, que es la solución que plantea ahora el Partido Popular en la provincia de Alicante: Como ahora tenemos que trasladar la basura, como todo se ha hecho fatal, ahora subimos el recibo porque al final el culpable es el ciudadano. No. ¿Es el ayuntamiento? Tampoco. Es la Generalitat Valenciana, que tiene la competencia, y el Gobierno de España, que es el que hace dejadez porque debería velar por que no pase lo que ha pasado.

¿Pero qué pasa allí realmente? Estamos hablando de un tema que está en plena ebullición con la cuestión judicial del Brugal. Algo tiene que ver eso y tiene que ver mucho porque la basura se ha convertido en un negocio, por cierto, mal gestionado, porque no es que sea un negocio para un empresario es que es un desastre medioambiental y hay un consentimiento claro de la Generalitat. Se dice que se ha cerrado la puerta por donde entran del término municipal de Orihuela, pero es que la de Abanilla sigue abierta y en teoría a veces tenía que haber estado cerrada. Nadie controla si el camión va hacia un lado de la frontera o hacia el otro. Yo he estado allí y, estando yo, han pasado camiones y, en teoría, no tiene que pasar ningún camión por allí. A lo mejor el camión estaba dando una vuelta; desde Torrevieja daba una vuelta por allí y luego volvía otra vez para Torrevieja sin descargar ni nada. Pero, aunque parezca increíble y algunos se pregunten ¿pero este qué está contando?, estos son hechos reales que están pasando en España y en la Comunidad Valenciana. Por tanto, ha habido descontrol, dejadez y, al final, el ciudadano y el ayuntamiento es el que tiene que asumir este error y esta culpa de la Generalitat Valenciana. Eso a corto y medio plazo, porque a largo plazo es el drama medioambiental que se puede producir ya que esto que está saliendo está en barrancos y en acuíferos. Esto no es una invención, no es un fotomontaje, es la realidad de lo que pasa. Se puede decir que traten la basura y la lleven a otro sitio, pero es que está todo saturado, el sistema está colapsado. Tenemos las plantas de Elche, Crevillente, Xixona, Villena, El Campello y Alicante saturadas. No se hacen los tratamientos que dice la Unión Europea que hay que hacer y ni de coña vamos a cumplir los objetivos de la Unión Europea de tratamiento de residuos. ¿No pasa nada? Sí pasa porque al final el recibo del ciudadano acaba subiendo.

¿Qué pedimos los socialistas? Que se tomen medidas, como ha pedido la Unión Europea en respuesta parlamentaria a unos diputados; pedimos que se interese, que sepa qué está pasando, que pida los planes, que pregunte qué se está ejecutando o no; pedimos que cumpla con el mandato hecho por la Comisión Europea y tome medidas para cerrar todos los vertederos ilegales y de forma especial, como le pide la Unión Europea, el de Orihuela-Abanilla; pedimos garantizar el cumplimiento de la normativa vigente tanto europea como nacional y autonómica; nos preguntamos también que, si ha habido un delito, por qué no se está actuando de forma administrativa y judicial con todas las fuerzas del Estado, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con todos los elementos judiciales que tiene a su alcance el Gobierno para ver quién va a pagar esto. La solución es mandar un camión allí que absorba aquello conforme vaya saliendo y lo importante es que no se note; y si va hacia un barranco que está más abajo, hacemos una zanja y lo paramos. ¿Qué pasó? Que se llenó la zanja de lixiviados. La gente estará oyendo esto y se dirá que no puede ser verdad, pero esto pasa. (Varios señores diputados: Es que no pasa). Aquí está el señor Ábalos y le puede decir a él también que nos lo estamos inventando.

Por todo ello, solicitamos actuaciones administrativas y judiciales oportunas para depurar responsabilidad. Alguien tiene que pagar estos daños que van a sufrir los ciudadanos y el territorio durante mucho tiempo y queremos que haya una reparación de daños, como decimos. Por cierto, por si a alguien se le ocurre decir que en esto no tienen competencias, el Gobierno de España sí puede actuar más si ofrece su colaboración y la Generalitat lo acepta. El problema está entre unos y otros y la conclusión a la que se niega el Partido Socialista —y así lo ha expresado también nuestro secretario general, Ximo Puig— es la de que los ciudadanos acaben pagando el coste de una mala gestión que roza en muchos casos una presunta corrupción —y ahí está juzgándose en los juzgados— y al final el que acaba pagando todo esto es el ciudadano y el ayuntamiento. Pues no, el Partido Socialista está en contra y, dada la situación económica en la que está el Gobierno de la Generalitat, fruto en parte de la mala financiación pero, sobre todo, del despilfarro y la presunta corrupción, pedimos que el Gobierno también intervenga porque la Generalitat no tiene capacidad económica de cambiar su plan de residuos ni de aplicarlo. Este problema afecta y es competencia del Gobierno de España saber qué está pasando, trasladarlo a la Unión Europea y, como ha hecho la Unión Europea, que este le pida responsabilidades al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir respecto a esta iniciativa para fijar su posición? (Pausa).
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz doña Macarena Montesinos.

La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Este ya es un tema absolutamente recurrente para el Partido Socialista y aquí nos dedicamos a difamar que algo queda, sobre todo siempre generando sospechas sobre cualquier actuación en la Región de Murcia o en la Comunidad Valenciana en vez de remar en el
mismo sentido.

Todas las irregularidades descritas en la exposición de motivos son una auténtica falacia, están basadas, como yo decía al principio, en ocasionar un grave daño no solamente a la Región de Murcia, sino además a la Comunidad Valenciana y la desinformación que demuestra, una vez más, el Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz sobre este y otros asuntos referentes a las dos comunidades es desde luego absoluta por no tildarla de otra cosa mucho más grave. Desde luego, lo que no ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es leer el Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana. No se lo ha leído, es absolutamente imposible, porque no quiero pensar que se lo hayan leído y sean incapaces de entenderlo y de saber hasta qué punto se está cumpliendo. Además, el plan cumple escrupulosamente con la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea, cuya trasposición al ordenamiento jurídico español se realiza a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El plan ya ha sido remitido al Ministerio de Agricultura, como ustedes bien saben, en diciembre de 2013. No obstante, que sepa el Grupo Parlamentario Socialista que toda la información que solicita y a la que hace mención en la propia proposición no de ley —toda, absolutamente toda la que hace referencia a la Comunidad Valenciana— está publicada y disponible en la página web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Por tanto, transparencia absoluta. Yo les remito a ella porque no voy a empezar a detallar todo el procedimiento, los informes favorables al plan, etcétera. La información requerida por la Unión Europea a la que usted hacía referencia se remitió por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consellería de Infraestructuras el 27 de febrero del año 2014 y, por tanto, se ha informado de lo que solicitaba la Comisión Europea.

El PSOE habla y mezcla territorios con una facilidad enorme y está hablando de una planta que es Abanilla-La Murada y, no, vamos a ver, la planta es la de Abanilla y eso está en la Región de Murcia y La Murada es una pedanía de Orihuela que está en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana. Nada de que todo es lo mismo, porque no es todo lo mismo (Rumores. —El señor Campos Arteseros: He dicho Orihuela).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Montesinos. Señor Campos, usted ha tenido su turno y se le ha respetado sin que ningún otro portavoz le haya interrumpido, cosa que esta Presidencia no hubiera tolerado. Por tanto, le ruego que dispense el mismo trato al resto de portavoces.

Señora Montesinos, puede proseguir.

La señora MONTESINOS DE MIGUEL: No existe, por tanto, como decía, ninguna planta de residuos en la pedanía de La Murada como decía. Los enterramientos de residuos a los que usted hacía alusión en las parcelas de la pedanía de La Murada están judicializados por la vía penal en el Juzgado número 3 de Orihuela y, además, desde la Dirección General de Calidad Ambiental, se han incoado los expedientes sancionadores correspondientes por la vía administrativa; incluso se ha licitado un estudio hidrogeológico para que nos indique de dónde provienen esos lixiviados a los que hacía referencia en su exposición de motivos y, en cuanto esté concluido el estudio, los resultados serán remitidos a la fiscalía y se actuará dentro del ámbito competencial de la Generalitat Valenciana. También la Generalitat Valenciana, para su conocimiento, se ha personado en el procedimiento judicial de los enterramientos de residuos domésticos en las parcelas de la pedanía de La Murada como acusación particular.

En cuanto a lo de Abanilla, tengo que decirle que el Gobierno de la Región de Murcia, en el ámbito de su competencia, ya ha llevado a cabo las actuaciones que se demandan en la citada proposición. El 28 de septiembre de 2011 se ordenó la suspensión de actividad, sellado y restauración ambiental del vertedero de RSU situado en Abanilla y explotado por Proambiente S.L. El 3 de abril de 2013 se aprobó el proyecto de ejecución de la restauración de ese vertedero, el programa de medidas compensatorias, el plan de vigilancia, etcétera, para garantizar la ejecución de las actuaciones de la restauración del vertedero en el paraje de La Solana, sierra de Abanilla. Sigo: el 22 de noviembre se remitió a la mercantil Proambiente el requerimiento del director general de Medio Ambiente para la presentación de certificado de director facultativo de las obras ejecutadas. Tras la valoración de toda la documentación, se realizó visita el 17 de diciembre de inspección para la comprobación in situ de los avances de las actuaciones y se concluye que las actuaciones de restauración del proyecto y emplazamientos afectados lleva un ritmo adecuado al cronograma inicialmente previsto. Esto en cuanto a la planta de Abanilla y en cuanto a la referencia a La Murada.

Pero me gustaría decirle varias cosas más. Una, que el Grupo Parlamentario Popular desearía que usted demostrara ese mismo interés en otras regiones, porque en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia no hay un solo vertedero que no esté clausurado y sellado. Sin embargo, curiosamente no sé si sabrá usted cuántos vertederos ilegales están por clausurar y sellar en Andalucía. Se lo voy a decir yo. Es la comunidad autónoma donde más vertederos ilegales hay por clausurar y sellar. Si no recuerdo mal, en la última reunión del ministerio se dijo que había treinta y seis vertederos por clausurar y sellar. Yo entiendo que le moleste y que tosa, pero ustedes también han sido muy laxos en el tiempo y yo pido el mismo tratamiento.

En cuanto a la planta de la Vega Baja, a la que usted hacía referencia —no a la planta, sino al consorcio, al acuerdo, que enseguida lanzaba usted los nubarrones sobre la corrupción, en la que por cierto también supuestamente se vería afectado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la institución de la Diputación Provincial de Alicante—, he de decirle que la ubicación se aprobó por unanimidad, incluidos los alcaldes socialistas de la Vega Baja. Por tanto, sospechas las justas.

El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, ruego que vaya concluyendo.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Termino.
Quiero dejar claro que se aprobó por unanimidad la ubicación y que ya con anterioridad, cuando se empezaba a barajar la posibilidad del plan zonal —fíjese lo que le voy a decir—, con un gran amigo suyo, el presidente Lerma, siendo presidente González, los informes técnicos ya situaban en Torremendo la ubicación de ese plan zonal. (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben).

Curiosamente se aprobó por unanimidad y, una vez aprobado por unanimidad, recurren los vecinos de Torremendo. Ante tal recurso, se ha paralizado todo, y a todas las vía de solución que se vienen aportando, a todas absolutamente, incluso a la que sugirió el alcalde socialista de Albatera, que era instalarlo en su propio municipio, a todas se opone ahora el Partido Socialista, siempre detrás de la manifestación, ya sea en contra de que se ubique en Albatera, ya sea en contra de la solución de Cox, sea la solución que sea, ellos tienen siempre el doble discurso para quedar bien frente a cualquiera. Estamos en campaña electoral, y ha quedado claro con esta iniciativa. (Aplausos.— El señor Campos Arteseros pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Solamente una aclaración. Es que se ha acusado aquí a una persona de estar implicada en un caso y no es verdad, como es Antonio Amorós, portavoz del PSOE en la diputación.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, no tiene la palabra. Las palabras las da esta Presidencia y no tiene usted la palabra.

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