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LA PLUSVALÍA MUNICIPAL (El tiempo nos vuelve a dar la razón)


IUMA, atendiendo a los problemas de los vecinos y en defensa de sus intereses, llevó una moción al pleno el 21 de julio de 2014, para modificar la Ordenanza sobre el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o lo que es lo mismo “la plusvalía”.

Argumentábamos que la plusvalía era un tributo directo que grava la mera trasmisión del inmueble, sea con pérdida o con ganancia otorgando a los mismos un valor previamente estipulado por la Administración con total independencia del valor real.

En aquél pleno en uno de los apartados, instábamos al Gobierno del estado, a modificar el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que se utilizara como base imponible el incremento real del valor de los terrenos, diferencia entre el precio de adquisición y venta.

Conseguimos la máxima bonificación que permite la Ley, un 95% en la plusvalía por “mortis causa” a favor de descendientes y ascendientes, no tuvimos tanta suerte en el supuesto de transacciones inmobiliarias (compra-venta).

IUMA consiguió BAJAR la PLUSVALÍA un 95% al adquirir un bien como consecuencia del fallecimiento de un familiar directo.

No nos apoyaron y no pudimos conseguir entonces la modificación del impuesto en las transacciones inmobiliarias ni tampoco la modificación del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, pero desde el 11 de mayo de 2017 gracias a una Sentencia del Tribunal Constitucional se declaran nulas las cantidades cobradas en los casos en que no hubo incremento del valor de la vivienda por vulnerar el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo”.

Por tanto queda claro que IUMA hace tres años denunció una injusticia que el Tribunal Constitucional ha reparado hoy.

IUMA, va a solicitar al ayuntamiento de Abanilla que en los próximos presupuestos municipales para 2018, se incluyan una partida presupuestaria, para poder hacer frente a las posibles devoluciones que se cobraron a los vecinos del municipio de Abanilla y que puedan demostrar que tienen derecho, dicha partida presupuestaria tendría que estar dotada de unos 600.000€, que es lo que se calcula aproximadamente que se cobró por el impuesto de la Plusvalía en el ayuntamiento de Abanilla

La sentencia del Tribunal Constitucional establece una retroactividad de cuatro años, desde el 2013 al 2016. Las transmisiones efectuadas en estos años, pueden verse beneficiadas por esta Sentencia puesto que los interesados podrán solicitar el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas por la administración local.

Abanilla 25 de mayo 2017

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El Ayuntamiento baja el IBI para 2017 y espera poder bajar el valor catastral para 2018


En estos días 29 y 30 de diciembre, el Alcalde de Abanilla D. Ezequiel Alonso, ha pasado por los micrófonos de Radio Sureste, de la Cadena COPE, para hablar del último pleno que tuvo lugar en el mes de noviembre, en el cual entre otros asuntos, se trató la bajada del valor catastral de los solares urbanos y las viviendas. Así, según dice el texto de la noticia de la cadena, y según se desprende de sus palabras, en 2014, “los tres partidos aprobaron una Moción conjunta para bajar los valores catastrales, que estaban muy altos”. En mayo de 2016 “enviaron una carta para bajar este valor, pero como no sabían a cuánto ascendía la recaudación, lo que han hecho ha sido bajar el IBI”.

Aclarar al señor Alcalde, que efectivamente fue en 2014, y en concreto este asunto del valor catastral se trató en dos plenos: En el pleno del 21 de julio y en el del 15 de septiembre. En el primer caso era para tratar el asunto del pago del impuesto de la plusvalía y en el segundo la rebaja del valor tal cual, porque ciertamente dichos valores estaban muy altos debido al “boom inmobiliario” que tuvo lugar en dicha época. Ahora bien, en los dos casos hay que aclarar que no hubo ningún tipo de “Moción conjunta” como dice el Alcalde, sino que las dos fueron Mociones presentadas por el Grupo IUMA. En este sentido, y contactada la portavoz municipal de IUMA Mª Dolores Saurín para conocer su opinión al respecto de estas declaraciones del Alcalde, ha manifestado que “El Alcalde miente, o en su partido no le han informado bien, pues no hubo ningún tipo de moción conjunta. El único partido que se ha preocupado por bajar los impuestos ha sido siempre IUMA. La entonces portavoz del PSOE lo único que dijo en ese pleno fue que le parecía bien la bajada de impuestos a los vecinos. Esa fue su única aportación. La carta de la Dirección General del Catastro ha venido llegando desde 2013 y se metía en un cajón porque al PP no le venía bien bajar los impuestos ya que entonces habría bajado la recaudación. Y ahora que en este año 2016 la ha recibido estando en el poder el PSOE, tampoco han dicho nada por la misma razón”. Dicha carta la publicó el PP en su web en septiembre de este año.

Si hacemos un poco de memoria, y consultadas las actas, que para eso están, para dar fe de lo que pasa en los plenos, en el primer caso, en la Moción del mes de julio, se llevaban tres peticiones, de las cuales sólo se aceptó por el PP una, la última. Y las otras dos se tuvieron que retirar…, porque mejor es algo que nada. Y esta última se aprobó por los tres partidos. Y en el caso del Pleno de septiembre, dicha Moción de IUMA sí es cierto que se aprobó por los tres partidos. Pero que a alguien le parezca bien algo no quiere decir que sea suyo ni que se lo haya trabajado. Porque por aquél entonces las Mociones del PSOE valían su peso en oro, y el oro está caro. Otra cosa es que fueran de hojalata y hubiera quien las vendiera como de oro, que también puede ser, pero ya se sabe que el valor de las cosas es el que se está dispuesto a pagar por ellas.

La Moción de julio de 2014 pedía lo siguiente, lo cual reproduzco a continuación:

A) Adoptar las medidas correctoras sobre porcentajes anuales y tipo de gravamen, para adecuarlos a la evolución del mercado inmobiliario. Dichos coeficientes (porcentaje y tipo de gravamen) deberán reducirse al menor valor posible o, incluso, eliminar su aplicación.

B) Tomar como base de cálculo el valor catastral del momento de la adquisición.

C) Fijar la máxima bonificación legal para las transmisiones «mortis causa» en favor de descendientes y ascendientes por naturaleza o adopción, el 95% tal como recoge el artículo 108, punto 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Dichos primeros dos puntos no fueron aceptados por el PP, porque le rompería las previsiones de ingresos de ese año, pero sí el tercero, y según afirmó el entonces portavoz popular Pascual Martínez, no porque lo dijera dicha ley, sino porque era una cuestión “potestativa”. Vamos, que porque ellos querían aceptarlo, aunque supusiera un 70% menos de ingresos en dicha partida. Aún parece que hay que estar agradecidos de que al PP le pareciera bien cumplir la ley.

En la Moción de septiembre de 2014, lo que se trataba era que estando en el año 2014, y dado que la revisión catastral se realizó en 2006 (al alza), dicho “subidón de la contribución” del 559,75% de los bienes catastrales, por el que todos los bienes vieron multiplicado su valor por tres. Dicho “subidón” se alargó durante diez años, es decir, hasta 2016. Sin embargo según la ley, dicho cálculo puede revisarse a la mitad, es decir, a los cinco años, desde 2012, que es cuando se cumplía el quinto año de aplicación. Estando como se estaba en 2014, estaba más que justificada esta revisión.

Dicha  propuesta que se aprobó por los tres partidos, sin embargo no se ha llevado a la práctica desde entonces. Se recibió la carta de la Dirección General del Catastro desde 2013 y ni el PP solicitó revisar estos valores, ni tampoco en 2016 lo ha hecho el nuevo equipo de gobierno del grupo socialista. En definitiva, esto podría denominarse como “estafa democrática”, pues se aprueban cosas que luego no se hacen. Y se aprueba bajar impuestos que luego siguen altos. Y mientras tanto los ciudadanos siguen pagando sus impuestos para que el alcalde cobre su sueldo y los concejales cobren (o no) sus dietas por ir a los plenos.

En el reciente Pleno del 24 de noviembre de 2016, se trata de nuevo este asunto como Moción de IUMA, y de hecho el título de la misma es el siguiente: “Cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno, en sesión ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2014, a propuesta de IUMA, de una revisión catastral a la baja”. Es decir, que queda bien claro y refrescado en la memoria, que de “Moción de consenso” nada de nada. En todo caso aprobada por los tres grupos.

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Rocamora, estuvo de acuerdo en seguir apoyando dicho acuerdo, pues todos los grupos coinciden que dichos valores están muy altos. De nuevo esta propuesta fue aprobada por los tres grupos, pero no se aplicará en los recibos de los impuestos de 2017, sino en todo caso en los de 2018, ya que por lo visto no se dispone de los datos definitivos de la modificación del padrón de bienes inmuebles, debido al proceso de regulación catastral.

En consecuencia, lo que el equipo de gobierno del PSOE tuvo que hacer, en el pleno extraordinario del 11 de noviembre, fue modificar el tipo de gravamen en la Ordenanza reguladora del IBI de naturaleza urbana, y rebajarlo del 0,64% en el que estaba, al 0,60%. Aunque esto es una rebaja del tipo impositivo, en la práctica (que es la cuestión de lo que entiende luego realmente la gente, y dado que tal y como ya ha quedado claro no se ha rebajado el valor catastral, el cual termina de subir este año), lo que habrán de pagar los vecinos por sus bienes inmuebles, al final será casi que lo mismo.

En conclusión: Que los bienes inmuebles en Abanilla están sobrevalorados en un 50% y por tanto en Abanilla se paga mucho más de lo que es lo normal. Desde 2012 o 2013 se podría haber estado pagando mucho menos impuestos que los que se han pagado, sencillamente porque los gobiernos municipales así lo han querido, tanto del PP como ahora del PSOE, porque el único objetivo era recaudar todo lo posible para pagar la inmensa deuda municipal. De hecho el mismo Alcalde llegó a decir en la comisión de gobierno de dicho Pleno que “bajar el valor catastral sería una irresponsabilidad”. Y por esta razón no se ha querido bajar realmente el valor catastral y lo que se ha hecho ha sido paliar de alguna forma dicha subida bajando el tipo impositivo del IBI.

Ahora, una vez que valor del IBI se ha puesto en el 0,60%, que es como prácticamente estaba en 2011, lo que parece que se va a hacer es impulsar de una vez esa revisión catastral, para que se aplique en 2018. Obviamente se desconoce si el tipo del IBI también seguirá bajando al 0,58% como en su día pedía IUMA o al 0,55% como hace años pedía la anterior portavoz socialista, que al fin y al cabo es lo que prometieron en el primer punto de su programa electoral.

 

 

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