La cementera se rinde y Macisvenda gana

Lo que parecía que iba a ser la instalación sí o sí de una empresa cementera dedicada a la molienda de cemento en un entorno precisamente caracterizado por no haberse contaminado aún, finalmente se volvió atrás y los vecinos lograron su objetivo, que no era sino el defender y proteger su entorno natural. No hay nada escrito, pero según ha trascendido por asistentes a la última reunión del 30 de octubre en el Centro Cultural, los empresarios han desistido y han dicho que visto el posible enfrentamiento con los vecinos, ya no quieren hacer esta planta cementera en Macisvenda.

Ya se dijo en la anterior noticia sobre este asunto, que esta era una empresa que pretendía instalarse junto a la sierra del Cantón, muy cerca de Macisvenda y más cerca aún de un enclave mayoritariamente habitado por residencias de ciudadanos extranjeros, ingleses, holandeses, franceses, alemanes, etc…

Según la noticia, la inversión prevista iba a ser de 10.403.985 euros y se iban a crear 30 puestos de trabajo, de los cuales ni siquiera nadie había asegurado que fueran a ser de personas de Abanilla, pese a lo cual sí se recibieron más de 300 currículums en la oficina de empleo municipal.

El grupo municipal independiente IUMA realizó sendas reuniones en el Centro Cultural de Macisvenda, en las cuales los ánimos estuvieron bastante caldeados y se llegó a gritar «que se pusiera la cementera el alcalde delante de su casa». La primera fue para los vecinos abanilleros y la siguiente en la cual hasta era complicado acceder al recinto de tanta gente como había, estaba destinada a los ciudadanos extranjeros y había traducción simultanea para ellos. Así una vez conocido el problema que les acuciaba, estos decidieron unirse y constituirse en una coordinadora de afectados la cual estaba formada por cinco personas y un asesor legal. En la misma estarían representados tanto la comunidad extranjera, como los vecinos de Macisvenda, El Cantón, Hondón de los Frailes, y la pedanía oriolana de Barbarroja. 

Una vez conocido que los vecinos se habían organizado para denunciar y estar contra esta cementera, el alcalde Fernando Molina tomó las riendas del problema y dada la desorbitante cantidad de dinero que se estaba jugando el pueblo y que le vendría muy bien para solucionar muchos de sus problemas financieros municipales (cálculos erróneos como ya se demostró en el anterior artículo), emplazó a los vecinos a una reunión informativa el día 30 de octubre, por lo que parecía realmente que el promotor representante de la empresa era él mismo, más incluso que los propios empresarios, uno de los cuales en la primera reunión de IUMA llegó a reconocer que la información que se había dado era la correcta, mientras tanto, el alcalde decía en la prensa escrita que «esta instalación no era perjudicial, que la alarma era infundada y que el grupo independiente estaba ofreciendo información errónea». ¿En qué quedamos? ¿La empresa la ponen los empresarios o el alcalde?. ¿No ha dicho el empresario delante de los vecinos que la información de IUMA era correcta? ¿Por qué dice el alcalde que es falsa? ¿A quién defiende Fernando Molina? ¿Al pueblo o a los empresarios?.

El martes 29 de octubre terminaba el plazo para presentar las alegaciones pertinentes, y la reunión de los técnicos era el día siguiente, es decir, no pretendían explicar el proyecto antes de se fuera a plantear siquiera hacer, sino una vez que ya se había acabado el plazo de alegaciones y que en principio estaría todo bien atado, por lo que sólo pretendían rebatir las alegaciones presentadas por IUMA. Pero se equivocaron pues entre los vecinos, IUMA y el Ayuntamiento de Orihuela, se llegaron a presentar un total de 168 alegaciones, (según parece 182 finalmente) muchas de ellas firmadas por más personas, por lo que se calculó un total de mil vecinos. Cantidad que vendría a coincidir más o menos con las 1.207 firmas recogidas por IUMA en contra de esta instalación. Firmas por cierto que según rumores alguien se dedicó a recoger de los bares y a usarlas para ponerles otro encabezamiento que pedía lo contrario, que sí que se instalara esta empresa. Firmas que según los empresarios, se recogieron enseñando a los vecinos unas fotos de Chernóbil.

En los últimos días de esta historia, los promotores de la empresa «lamentaron que el proyecto se hubiera politizado y que en las asambleas organizadas por IUMA no se hubiera dicho toda la verdad» pues «el proyecto no incluye un horno tal como se había dejado decir, para quemar las basuras de Ángel Fenoll y que tampoco iban a quemar combustibles», y todo ello a pesar de que la actividad está catalogada como «potencialmente contaminadora de la atmósfera»  dentro del grupo A, que es el más contaminante. Casi nada.

En la reunión del día 30 de octubre no se presentó el alcalde a dar la cara, sino su concejal portavoz Pascual Martínez y el empleado municipal JA. López Ruiz, además de los empresarios y varios técnicos, que se las vieron y desearon para frenar los ataques de los vecinos. Tras ver que no era posible hacer entrar en razón a los vecinos que no querían esta empresa contaminante tan cerca de sus viviendas y sus vidas, los empresarios desistieron de su idea. Según ellos, «este proyecto era bueno para Abanilla y no suponía riesgo para el medio ambiente ni para los habitantes de la zona, pero no pudo explicarlo pues no le dejaron ya que directamente no lo querían oír». Tras reunirse Pascual Martínez con el alcalde Fernando Molina Parra decidieron paralizar el proyecto por la alarma social provocada. En la reunión se pidió que esta renuncia fuera por escrito pero tanto desde la parte municipal como la empresarial dijeron que no era necesario y pidieron que se aceptara su «palabra de caballeros».

Días después, el 7 de noviembre se realizó la Junta de Gobierno y vista la oposición vecinal, se decició paralizar la instalación de la planta de molienda de cemento. Desde IUMA se solicitó que esto se realizara mediante un acuerdo de los concejales en un Pleno, pero desde el Ayuntamiento se decidió que no, por ser esto una competencia del Alcalde. En la reunión que ésta tendrá con el Consejero de Presidencia el próximo 19 de noviembre, le solicitará que «Abanilla no albergue más empresas contaminantes porque las recibirán a cañonazos como los hermanos Dalton».